Durante el último año China aprobó una serie de medidas y leyes que, justificadas como refuerzo de la seguridad nacional, han traído numerosas críticas y oposición de la sociedad civil.
Al igual que hicieran sus predecesores, el actual presidente chino, Xi Jinping, ha resumido su corolario político en las llamadas “cuatro integrales”: construcción integral de una sociedad moderadamente próspera; la profundización integral de las reformas; la gobernanza integral del país mediante el Estado de derecho y la adhesión integral a la disciplina del partido.
Por si no había quedado lo suficientemente claro, el gobierno chino lanzó un video de animación que venía a resumir, a modo de videoclip, los cuatro puntos mencionados, así como a concluir que esta serie de reformas supondría en un futuro el completo desarrollo de otra de las grandes proclamas de Xi Jinping, el “sueño chino”, algo parecido al “sueño americano” de la década de 1930 en los EE.UU., pero con unos tintes actualizados, llamando a la conciencia de la población más joven en asunto tan trascendentes como el Cambio Climático.
Si bien la imagen del Partido Comunista Chino (PCC) sigue siendo la de un ente hermético y alejado de la realidad cotidiana, no extraña esta nueva estrategia al ver la evolución de la población en las últimas décadas.
Con una tasa de crecimiento continuado donde la población juvenil supone la gran mayoría de los casi 1400 millones de personas, parece que el gobierno quiere atraerse la simpatía de los jóvenes, ya que el descrédito con los numerosos casos de corrupción ha supuesto una importante bajada en la popularidad de la política y el PCC.
Cuestiones integrales: El Estado de derecho de Xi Jinping
De las cuatro integrales mencionadas, la construcción integral de una sociedad moderadamente próspera, la profundización integral de las reformas, y la adhesión integral a la disciplina del partido, parecen ser principios asumidos por propios y extraños, ya que el intento de construir un Estado del bienestar, la continuación de las reformas para alcanzar este punto y la supremacía del PCC, son principios inalterables en el corto y medio plazo.
Pero una de estas integrales, la que alude a la gobernanza integral del país mediante el Estado de derecho, ha traído consigo un panorama amplio de interpretaciones que, como en otras ocasiones, provoca el optimismo inicial basado en los deseos de lo que debería ser, para luego terminar en una profunda desilusión viendo el cariz que acaba desarrollándose en la práctica.
Y es que si algo ha remarcado el Gobierno chino durante los últimos años ha sido su apuesta por desarrollar una estructura fuerte que dé como resultado la consolidación del Estado de derecho. Algo que a todas luces desde cualquier latitud puede parecer positivo puede no corresponderse con la idea que la ciudadanía (en general) puede tener de él, o al menos se tenía, vistos los desarrollos legislativos emprendidos por las principales potencias en todo el mundo.
En el caso de China la consolidación del Estado de derecho se ha traducido en la redacción y aprobación de una serie de Leyes y normativas que, siendo justificadas como un reforzamiento de la seguridad nacional, han obtenido una importancia oposición por parte de la ciudadanía.
Leyes como la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Gestión de Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras (anteproyecto), la Ley de Seguridad Informática (anteproyecto) y la Ley Antiterrorista, suponen en la práctica grandes espacios para la generalidad a la hora de interpretarlas, dada la introducción de conceptos como “incitación a la subversión”, “separatismo”, “filtración de secretos de Estado”, “menoscabar la seguridad nacional”, “alterar el orden social”, “terrorismo” o “extremismo”, todos ellos, conceptos vagos que pueden ser fácilmente tergiversables en un momento dado.
Internet, campo de pruebas
En enero de 2015 el gobierno anunció que internet sería el principal espacio donde se podrían en práctica estas medidas, aduciendo la problemática de la pornografía y la “información ilegítima”. Pocos días después se produjo un comunicado en el que se revelaba la eliminación o cierre de decenas de páginas web y cuentas de WeChat. Y, ese mismo mes, el ministro de Educación, Yuan Guiren, informó que se comenzarían a prohibir libron de texto extranjeros para evitar la propagación de “valores occidentales erróneos”, además de señalar a las universidades como un foco de “fuerzas hostiles”.
En esta misma línea, donde sin duda los profesionales de los medios de comunicación son uno de los sectores más afectados, los medios de comunicación estatales, en agosto de 2015, publicaron como más de un centenar de personas habían sido castigadas por difundir, presuntamente, rumores sobre el mercado bursátil o las explosiones producidas en Tianjin, entre otros temas.
Amnistía Internacional recoge en su reciente Informe 2015/2016 los casos de varios periodistas como Wang Xiaolu (Caixin), que en agosto fue detenido tras publicar un artículo sobre el mercado de valores y obligado a retractarse públicamente en televisión; Liu Wei, periodista de investigación que en octubre fue detenido tras desvelar un escándalo de corrupción que afectaba a destacadas autoridades del gobierno; o casos como el del historiador Yang Jisheng, quien fue obligado a dimitir como director de Yanhuang Chunqiu tras la publicación de una serie de artículos que la Administración Estatal de Prensa, Publicaciones, Radio, Cine y Televisión, responsable de la regulación y distribución de las noticias, textos y publicaciones, consideraba “contrarios a las normativas”.
Ante la ola de retractaciones televisadas, algunos periodistas han alzado la voz con lo que consideran una política de censura sistemática. Qiao Mu, periodista y profesor de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, comentó por entonces que las autoridades quieren utilizar la confesión televisada como un medio de censura para tapar malas políticas que, como en el caso de Wang Xiaolu, sirven como chivo expiatorio al que culpar de la inestabilidad del mercado de valores.
Por último, aunque la lista es extensa, destacan los casos de la periodista Gao Yu, que tras difundir un documento interno el Partido Comunista, donde se criticaba duramente la libertad de prensa y los valores de tipo universal, fue acusada de relevar secretos de Estado y condenada a 7 años de prisión. Y, Pu Zhiqiang, acusado de “incitar al odio étnico” tras unos comentarios en redes sociales que supusieron una condena condicional de 3 años de prisión y su inhabilitación para ejercer la abogacía.
La lucha por los Derechos Humanos, una integral olvidada
En el mismo informe de Amnistía Internacional destacan los casos de cientos de activistas pro derechos humanos y abogados que han sufrido durante el último año la acción desmesurada de las autoridades, con cuestionables procesos judiciales, cuando no una clara violación de sus derechos.
Uno de los casos más difundidos ha sido el de la detención de la abogada Wang Yu y su familia el 9 de julio. Tras su detención, el Estado ha interrogado o detenido a al menos a 248 abogados y activistas, con numerosos registros en sus lugares de trabajo o domicilios particulares.
De este grupo de abogados, 25 de ellos se encuentran en paradero desconocido o bajo custodia, como es el caso de Zhou Shifeng, Sui Muqing Li Heping y Wang Quanzhang, acusados todos por delitos contra la seguridad del Estado.
Bajo esta forma de detención, los sospechosos son privados de sus principales derechos durante un período máximo de 6 meses: negación del derecho a representación legal, vigilancia policial y restricción de libertad de circulación.
Otro de los casos más sonados ha sido el de las 5 activistas pro derecho de las mujeres, Wei Tingting, Wang Man, Wu Rongrong, Li Tingting y Zheng Churan, que fueron detenidas por preparar una campaña contra el acoso sexual con motivo del Día Internacional de la Mujer. Tras una fuerte campaña mediática a favor de su liberación, el 13 de abril de 2015 quedaron en libertad bajo fianza es espera de juicio, si bien han continuado denunciando los reiterados interrogatorios policiales meses después.
También destaca es el de los ex empleados y voluntarios de Yirenping, organización de lucha contra la discriminación, que fueron detenidos y sufrieron reiterados casos de acoso e intimidación. Guo Bin y Yang Zhangqing fueron detenidos el 12 de junio por presuntas actividades empresariales ilícitas y puestos en libertad bajo fianza el 11 de julio.
Del mismo modo, se han sucedido casos muy cuestionables por parte del Gobierno en materia de resolución de manifestaciones y huelgas. A finales de 2015, la policía emprendió acciones contra al menos 33 personas en la provincia de Guangdong, entre trabajadores y activistas de los derechos laborales, de los cuales, siete fueron detenidos, denunciando el hecho de que no se les permitiera el acceso a sus representantes legales.
El caso de Hong Kong
Tras los meses de manifestaciones y crisis institucional vividos durante 2014 en la denominada “Revolución de los Paraguas” parece que el Gobierno chino ha seguido manteniendo su estrategia frente a las protestas sociales.
A lo largo de 2015 la policía ha detenido a cerca de 1000 personas por su participación en las protestas a favor de la democracia en Hong Kong, cerca de 50 han recibido citaciones y más de 100 personas fueron recluidas por haber apoyado las protestas, de las cuales, 8 fueron formalmente detenidas y 2 de ellas han denunciado públicamente torturas bajo el período de custodia.
Entre las personas detenidas destacan diputados de la oposición, los tres fundadores de “Occupy Central” y los representantes de los dos grupos estudiantiles: Alex Chow (Federación de Estudiantes) y Joshua Wong (Scholarism).
El Gobierno chino lleva en los últimos años intentando reforzar su imagen de cara a un mejor posicionamiento en los principales organismos de representación internacional, ganándose su legitimidad con una imagen de progreso y suficiencia económica. Si bien esto puede resultar cierto dado su relativo éxito en la consolidación del Estado del bienestar, con una clase media en aumento y unas tasas de crecimiento positivas, en lo que respecta a la consolidación del Estado de derecho aún son muchos los casos que apuntan todo lo contrario.
